Islas Desertores: la crisis silenciosa del agua que expone una deuda histórica del Estado
Comunidades insulares de la comuna de Chaitén enfrentan desde hace décadas la falta de acceso a agua potable. Hoy, el envejecimiento de la población y el cambio climático han transformado esta precariedad en una emergencia sanitaria permanente.
Una realidad que ya no resiste más.
En las Islas Desertores, archipiélago perteneciente a la comuna de Chaitén, el acceso al agua nunca ha sido garantizado como un derecho básico. Por generaciones, las familias han debido abastecerse mediante recolección de agua lluvia, captaciones artesanales y redes comunitarias informales, levantadas con esfuerzo propio y sin apoyo estructural del Estado.
Lo que durante décadas fue asumido como parte de la vida isleña —ir a buscar agua en bote o almacenarla durante el invierno— hoy se ha vuelto insostenible. La población de las islas está compuesta mayoritariamente por personas adultas mayores, muchas de ellas viviendo solas, sin la capacidad física para acarrear agua ni enfrentar largos periodos de escasez.
A esto se suma el impacto del cambio climático, con inviernos menos lluviosos y veranos más extensos, lo que ha reducido drásticamente las reservas naturales de agua. El resultado: una crisis que ya no es solo de potabilidad, sino también de disponibilidad.
Agua no potable y riesgos sanitarios.
Actualmente, las islas no cuentan con redes formales de agua potable, ni con Comités de Agua Potable Rural (APR). El agua que se consume no posee certificación sanitaria permanente. Solo algunas escuelas y postas cloran sus estanques, pero se desconoce la frecuencia, la efectividad del tratamiento y la calidad final del agua para consumo humano.
Desde las comunidades advierten que esta situación representa un riesgo sanitario permanente, especialmente para adultos mayores, y que hasta ahora no ha existido una evaluación integral por parte de la autoridad de salud.
Respuestas reactivas y soluciones parciales
Frente al déficit hídrico, la principal respuesta institucional ha sido la contratación de lanchas aljibe, gestionadas como medida de emergencia. Si bien esta alternativa es considerada urgente y necesaria, las propias comunidades coinciden en que no constituye una solución real.
El agua entregada no siempre llega directamente a los hogares, las islas no cuentan con caminos y muchas personas mayores no pueden trasladarla por sus propios medios. Además, se trata de un sistema costoso, dependiente y permanente en el tiempo, que mantiene a las comunidades en una lógica de parche.
El nudo del problema: responsabilidades difusas.
Uno de los puntos más críticos del debate es la responsabilidad de la empresa sanitaria concesionaria que opera en el sector urbano de la comuna de Chaitén. La empresa no presta servicio en las Islas Desertores y ha señalado, de manera informal, que estas no estarían dentro de su ámbito de acción.
Sin embargo, hasta ahora no existe claridad pública sobre:
Si las islas están incluidas en el título de concesión, si existe algún decreto o exención formal, ó si se trata de un incumplimiento de la concesión.
Las comunidades cuestionan que una empresa privada opere con exclusividad, obtenga utilidades y, al mismo tiempo, traslade los costos de la emergencia al municipio, es decir, a recursos públicos.
Desde esta perspectiva, se ha iniciado una estrategia de fiscalización ciudadana, solicitando información vía Ley de Transparencia, oficios a la municipalidad, requerimientos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), Contraloría y la Seremi de Salud.
¿Quién debe responder?
Especialistas y dirigentes coinciden en que el problema no es solo técnico, sino institucional y político.
Municipio: tiene un rol de gestión y emergencia, pero no puede asumir soluciones estructurales permanentes.
Empresa concesionaria: debe responder si el territorio está incluido en su concesión, ya sea invirtiendo, financiando soluciones o revisando su continuidad.
Estado central: a través de la SISS, el MOP, Salud y Delegaciones Presidenciales, debe fiscalizar, coordinar y asegurar el derecho al agua, incluso en territorios insulares.
Comunidades: no pueden seguir siendo responsables de resolver por sí solas una carencia básica.
Caminos posibles: soluciones por etapas
Corto plazo
Fiscalización sanitaria urgente del agua que se consume.
Asegurar abastecimiento de emergencia con distribución efectiva a adultos mayores.
Transparencia total del gasto público asociado al suministro.
Mediano plazo
Construcción de pozos profundos donde sea técnicamente posible.
Sistemas mejorados de captación y acumulación de agua lluvia.
Soluciones de potabilización comunitaria adaptadas a la realidad insular.
Largo plazo
Exigir inversión estructural a la concesionaria (planta desalinizadora u otros sistemas).
Revisar la concesión si no se garantiza el servicio.
Avanzar hacia un modelo público–comunitario de gestión del agua para territorios insulares.
Una deuda que ya no puede postergarse
La situación de Islas Desertores evidencia una brecha profunda de equidad territorial. Mientras en zonas urbanas el acceso al agua potable es un hecho cotidiano, en las islas sigue siendo una incertidumbre diaria.
Para las comunidades, la pregunta ya no es quién gestiona la emergencia, sino por qué, después de décadas, el Estado no ha garantizado una solución definitiva.
El agua no es un privilegio ni un favor. Es un derecho básico. Y en Islas Desertores, ese derecho sigue esperando.
Por: Paola Barría Hernández – Isla Talcán
