El diputado Barría cuestionó duramente el alza en el precio de los balones de gas registrada en algunas distribuidoras del país, coincidiendo con el inicio de la implementación del bono de gas destinado a apoyar a miles de familias vulnerables. El parlamentario calificó esta situación como un acto “inmoral” y advirtió que se solicitará la intervención de la Fiscalía Nacional Económica para esclarecer lo ocurrido.
Según explicó, el beneficio fue aprobado por el Parlamento con el propósito de aliviar el gasto de los hogares en un insumo básico para la calefacción y la preparación de alimentos, especialmente durante los meses de bajas temperaturas. Sin embargo, afirmó que el aumento de precios observado en algunos puntos de venta pone en riesgo el objetivo para el cual fue creado el bono.
“Nos parece muy cuestionable desde el punto de vista ético y moral que ahora que comienza a funcionar el bono de gas que aprobamos en el Parlamento, algunas distribuidoras, no todas por supuesto, estén subiendo el precio del balón de gas”, señaló Barría.
El legislador sostuvo que la medida buscaba que las familias beneficiarias pudieran canjear el aporte estatal por un balón de gas sin necesidad de realizar desembolsos adicionales. A su juicio, cualquier incremento de precios en este contexto termina reduciendo el impacto real de la ayuda entregada por el Estado.
«Aquí el objetivo era que el bono fuera canjeable por un balón, y no estar colocando dinero adicional. Lo que se buscó fue entregar un alivio concreto a los hogares que enfrentan mayores dificultades económicas, especialmente en invierno, cuando el consumo de gas aumenta considerablemente”, indicó.
Barría agregó que resulta preocupante que, en medio de un escenario económico complejo para muchas familias, algunos actores del mercado intenten obtener mayores ganancias aprovechando la entrada en vigencia de un beneficio social financiado con recursos públicos.
“Estamos hablando de familias que hacen grandes esfuerzos para llegar a fin de mes y que esperan este apoyo para cubrir una necesidad básica. No corresponde que algunos intenten sacar provecho de una medida pensada precisamente para ayudarlas”, afirmó.
Frente a esta situación, el diputado anunció que los antecedentes recopilados serán enviados a la Fiscalía Nacional Económica con el fin de que el organismo analice el comportamiento de los precios y determine si existe alguna situación irregular que deba ser investigada.
“Enviaremos estos antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica para que se pronuncie qué está pasando. Es importante que exista total transparencia y que las familias tengan la certeza de que los beneficios sociales están llegando efectivamente a quienes los necesitan”, sostuvo.
Finalmente, el parlamentario hizo un llamado a las empresas distribuidoras a actuar con responsabilidad y sensibilidad social, considerando el contexto que enfrentan miles de hogares en el país.
“No puede ser que en épocas de crisis algunos busquen aprovecharse económicamente de las familias que menos tienen. Ese no era el objetivo de esta política pública. Lo que esperamos es que el beneficio cumpla su propósito y contribuya a mejorar la calidad de vida de quienes más apoyo requieren”, concluyó.
