Se cumplen 16 años desde la publicación de la ley 20.422, que buscó asegurar la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Promueve la no discriminación, la acción positiva, la vida independiente, el diseño y accesibilidad universal, y la participación social.
Esta ley nos alineó con la Convención Internacional de Naciones Unidas, y nos entrega, valga la redundancia, un enfoque de derechos que reemplaza el enfoque asistencialista que predominaba.
Asimismo, creó el sustento institucional y normativo con el que, hasta hoy, funciona la inclusión, como el Servicio Nacional y el Registro Nacional de la discapacidad, o hacer exigible la accesibilidad en edificaciones colectivas.
A través de los años se han sumado otras, como la ley de cuotas de contratación y gestor laboral, o la reciente ley TEA. Sin embargo, la ley 20.422 del año 2010 sigue siendo la piedra angular original en esta materia.
A pesar de los avances, persisten enormes brechas en implementar la inclusión tal como concibe y proyecta el espíritu de dicha ley. El objetivo último es lograr un cambio cultural: ojalá esto no sea un tema legislativo permanente, sino que sea algo que venga dado en nuestra (por lograr) cultura inclusiva.
Andrés Musalem – Investigador Observatorio para la Inclusión U. Andrés Bello
