Por Fundación Sobrevivientes de Acoso Laboral
Chile enfrenta un escenario de restricciones presupuestarias. Los distintos ministerios y servicios públicos anuncian recortes, se reducen programas, se postergan proyectos y se solicita a las instituciones hacer más con menos. La justificación es clara: cuidar los recursos fiscales.
Sin embargo, existe una realidad que pocas veces forma parte del debate público: mientras se ajustan los presupuestos, el Estado continúa destinando importantes recursos al pago de indemnizaciones derivadas de demandas por tutela laboral que terminan siendo acogidas por los tribunales.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede faltar presupuesto para fortalecer la atención a la ciudadanía, pero existir recursos para pagar las consecuencias de una deficiente gestión de personas?
En numerosos casos, las demandas por tutela laboral tienen su origen en denuncias de vulneración de derechos fundamentales, acoso laboral, discriminación o represalias. Cuando los tribunales concluyen que efectivamente existió una vulneración, la condena económica es asumida por el servicio público, es decir, por el Estado y, en definitiva, por todos los contribuyentes.
A ello se suma otro aspecto que merece reflexión. Durante estos procesos, las instituciones públicas cuentan con defensa jurídica financiada con recursos del Estado. Es legítimo que los organismos públicos ejerzan su derecho a defensa. Sin embargo, cuando las condenas se repiten, resulta indispensable preguntarse si los mecanismos de prevención, supervisión y responsabilidad están funcionando adecuadamente.
Las víctimas enfrentan largos procesos judiciales, con un enorme desgaste emocional, familiar y económico. En cambio, quienes adoptaron decisiones que eventualmente dieron origen a la vulneración muchas veces no enfrentan consecuencias patrimoniales directas, mientras el costo de las condenas recae sobre toda la ciudadanía.
La prevención siempre será menos costosa que la reparación. Capacitar a las jefaturas, investigar oportunamente las denuncias, proteger a quienes denuncian y corregir prácticas abusivas no solo constituye una obligación legal y ética, sino también una medida de responsabilidad fiscal.
Desde la Fundación Sobrevivientes de Acoso Laboral creemos que es momento de abrir una discusión seria sobre el costo económico y humano del acoso laboral en el Estado. No basta con pagar las sentencias; es necesario evitar que las vulneraciones ocurran.
Cada peso destinado al pago de una condena judicial es un peso que deja de invertirse en salud, educación, seguridad o en mejorar los propios servicios públicos. Por ello, la verdadera eficiencia del Estado no consiste únicamente en reducir presupuestos, sino en prevenir conductas que terminan generando millonarios costos para todos los chilenos.
El país merece instituciones que protejan la dignidad de sus trabajadores, administren con responsabilidad los recursos públicos y comprendan que el respeto por los derechos fundamentales no es un gasto: es una obligación del Estado y la mejor inversión para construir un servicio público moderno, eficiente y humano.
