Quienes hemos vivido en regiones sabemos que ser una persona LGBTIQ+ muchas veces ha significado crecer entre el miedo y el silencio. En distintos territorios del sur de Chile, muchas personas ocultaron quiénes eran por temor al rechazo, a la discriminación o simplemente al aislamiento. Durante años, el silencio pareció ser la única forma de protección.
Por eso, cada avance ha tenido un valor enorme. No solo porque ampliara derechos, sino porque transmitía una señal clara. Que el Estado reconocía la dignidad de todas las personas y que nadie debía sentirse menos por amar o por ser quien es.
Sin embargo, las primeras acciones del gobierno han despertado una legítima preocupación. La decisión de restarse de declaraciones internacionales en favor de los derechos LGBTIQ+, la eliminación de reglamentos que protegían a estudiantes de la discriminación y otras medidas impulsadas durante estos meses no aparecen de manera aislada. Son coherentes con una trayectoria política que, desde hace años, ha cuestionado avances fundamentales en materia de igualdad. Durante su período como diputado, Kast votó en contra de la Ley Zamudio y del Acuerdo de Unión Civil, además de manifestar públicamente su rechazo al matrimonio igualitario y a la Ley de Identidad de Género. Más allá de las diferencias ideológicas, estas posiciones han sido interpretadas por amplios sectores de la sociedad como una resistencia persistente al reconocimiento pleno de los derechos de las personas LGBTIQ+.
Pero el problema no termina en las decisiones administrativas. Los liderazgos políticos también moldean la cultura de un país. Cuando desde las más altas autoridades se cuestionan derechos conquistados o se instala la idea de que la diversidad es un problema, muchas personas sienten que sus prejuicios vuelven a tener permiso para salir a la luz. Lo que antes se escondía reaparece con más fuerza y quienes viven la discriminación cotidiana vuelven a cargar con un peso que nunca debió existir.
En territorios como los nuestros ese impacto es aún mayor. Mientras en Puerto Montt existen programas especializados para acompañar a personas trans y sus familias, quienes viven en la provincia de Palena, en Maullín o en distintas comunas de Chiloé muchas veces deben recorrer cientos de kilómetros para acceder a una atención que debería estar garantizada cerca de sus hogares. La distancia geográfica se convierte también en una distancia respecto de los derechos.
Y aun así, nuestra región ha demostrado que otra realidad es posible. En Chaitén, la realización de la primera marcha del orgullo de la provincia no fue solo un espacio para visibilizarse y hacer comunidad, fue el resultado del trabajo conjunto de organizaciones sociales, artistas, gestores culturales, instituciones públicas, emprendedores y vecinos que entendieron que construir comunidad también significa abrir espacios para quienes históricamente fueron invisibilizados. Fue una señal de que incluso en los rincones más australes de Chile la diversidad tiene un lugar.
En Puerto Montt existe una trayectoria de organizaciones y activistas que, durante años, han sostenido un trabajo constante de acompañamiento, incidencia política, educación y visibilización de la diversidad sexual y de género. Esa experiencia ha sido fundamental para abrir caminos y demostrar que es posible construir comunidades más inclusivas incluso en contextos adversos. Al mismo tiempo, se ha transformado en una referencia para el surgimiento de nuevas iniciativas en territorios más aislados como Chiloé, Maullín o la provincia de Palena, donde ser una persona LGBTIQ+ continúa implicando desafíos particulares. Hoy, cuando se perciben señales de retroceso desde el nivel central, fortalecer esas redes, compartir aprendizajes y mantener un trabajo colaborativo entre los distintos territorios no solo es importante. Es una necesidad para seguir garantizando espacios seguros, apoyo mutuo y la defensa de derechos que han costado décadas conquistar.
Porque los cambios verdaderos no nacen únicamente desde La Moneda o desde el Congreso. También nacen cuando una madre decide apoyar a su hijo, cuando una escuela se convierte en un espacio seguro, cuando una organización levanta la voz o cuando una comunidad deja de mirar hacia otro lado.
También nacen cuando, por primera vez, la bandera del orgullo se iza en un edificio público o en una plaza de la provincia de Palena. Para algunos podrá parecer solo un símbolo o incluso una controversia innecesaria. Pero para muchas personas LGBTIQ+, especialmente en territorios donde durante décadas solo existió el silencio, significa algo mucho más profundo, la certeza de que también pertenecen a ese lugar y de que su existencia merece ser reconocida.
Nunca he entendido ese gesto como una competencia con la bandera chilena. Al contrario, verla ondear junto a ella transmite un mensaje poderoso, que Chile también está compuesto por personas diversas y que todas forman parte de la misma comunidad. Para un adolescente que aún no se atreve a hablar sobre su orientación sexual o para una persona trans que enfrenta discriminación cotidiana, esos pequeños gestos pueden convertirse en una señal de esperanza, de seguridad y de confianza para dar un paso adelante y saber que no está sola.
Pero esos gestos no aparecieron de un día para otro. Que hoy una bandera del orgullo pueda izarse en una plaza, que una institución se atreva a organizar una actividad de sensibilización o que una persona joven se sienta con la confianza de hablar abiertamente sobre quién es, responde a un largo camino recorrido por activistas, organizaciones, familias y comunidades que durante años trabajaron muchas veces en silencio, enfrentando críticas, burlas y prejuicios.
Cada pequeño avance ha sido conquistado con esfuerzo. Detrás de ellos hay personas que decidieron exponerse para que otras no tuvieran que hacerlo en soledad; hay dirigentes sociales, artistas, docentes, funcionarios públicos y vecinos que entendieron que construir una comunidad más justa también implica reconocer la diversidad que la habita. Gracias a ese trabajo colectivo, hoy muchas nuevas generaciones pueden crecer con referentes, con redes de apoyo y con la esperanza de vivir una vida más libre que la que tuvieron quienes las antecedieron.
Por eso duele tanto cuando se envían señales de retroceso. Porque no se pone en cuestión únicamente una política pública o un reglamento: se pone en riesgo un proceso comunitario construido durante décadas, especialmente en territorios aislados donde cada conquista ha costado el doble y donde volver al silencio nunca debería ser una opción.
Precisamente por eso resulta tan preocupante cualquier señal que apunte en sentido contrario. Porque retroceder no siempre significa derogar una ley o eliminar un derecho de un día para otro. A veces basta con retirar un reglamento, dejar de respaldar una política pública, invisibilizar una realidad. Y esas señales pesan, especialmente en las zonas más apartadas del país, donde el respaldo institucional puede marcar la diferencia entre encontrar una red de apoyo o volver al aislamiento.
Los derechos de las personas LGBTIQ+ no pueden depender del gobierno de turno ni del lugar donde uno nace. No debería existir una geografía para la dignidad, donde vivir en una gran ciudad signifique tener más oportunidades de ser uno mismo que crecer en un territorio aislado. No debería importar si alguien vive en Santiago, en Puerto Montt, en Maullín, en Chiloé o en la provincia de Palena. En todos esos lugares hay personas que aman, sueñan, trabajan, forman familias y merecen desarrollar sus proyectos de vida con la misma libertad, el mismo respeto y la misma seguridad que cualquier otra.
Al final, no se trata de pedir privilegios. Se trata de defender la posibilidad de vivir sin miedo, con dignidad y sin tener que volver al silencio. Esa debería ser una convicción irrenunciable para cualquier sociedad que aspire a llamarse democrática.
Rodrigo Soto Paredes.
