Una nueva normativa que fomenta el uso de estos plaguicidas, junto a la prohibición de 151 agroquímicos por su alta peligrosidad y la creación de la Comisión Asesora Público-Privada en materia de plaguicidas, son las tres nuevas medidas anunciadas por el Servicio Agrícola y Ganadero.

Esta mañana el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, a través de su director nacional José Guajardo Reyes, anunció una serie de medidas en materia de plaguicidas con el fin de avanzar hacia una agricultura más sustentable. Es así como se firmó la resolución que prohíbe el uso de 14 grupos de plaguicidas por su alta peligrosidad para las personas, animales y medio ambiente, lo que se traduce en 151 presentaciones comerciales. Junto con ello, se presentó una nueva normativa que propicia el empleo de plaguicidas en base a extractos naturales y se creó la Comisión Asesora Público – Privada del SAG que buscará mejorar y modernizar la normativa de agroquímicos en nuestro país.

En la ocasión el Director Nacional del SAG, José Guajardo Reyes, señaló que “La firma de todos los concurrentes, el sector público y el sector privado, en un día tan importante como hoy El Día Nacional del Medio Ambiente, estamos firmando tres resoluciones. Una resolución que nos habla de la prohibición de agroquímicos que pueden provocar daños a la salud de las personas, a los animales y al medio ambiente. Es una prohibición pero, que por otro lado, hay una resolución también para el uso de extractos naturales, bioinsumos productos que sean amigables con el medio ambiente y la tercera resolución, muy importante, que crea una Comisión Asesora para el SAG, pero constituida por todos los sectores, públicos y privados. Aquí los convocamos a todos para conversar de agroquímicos, para conversar de prohibiciones, pero también de apertura a nuevos productos y de un nuevo mundo, basado en bioinsumos, en extractos naturales. Es un día importante para nuestro país y para la agricultura, pensando en lo que nos pide nuestro presidente Gabriel Boric, una agricultura más sustentable para un país mucho más verde”.

El anuncio se realizó junto a diversos gremios y representantes de agrupaciones campesinas que destacaron que las iniciativas adoptadas por el SAG, marcan un antes y un después en cuanto al trabajo de uso y autorización de plaguicidas agrícolas en nuestro país.

Pedro Pérez, Presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Temporeros de Chile, expresó: “Felicitar al Servicio Agrícola Ganadero con la iniciativa de prohibir la entrada de estos productos y a la vez, esto orienta a la protección de los trabajadores que son la base del desarrollo económico agrícola en este país”. Por su parte, Patricia Benavente, presidenta de la Asociación Gremial de Mujeres del Agro, manifestó que “creemos que es un paso adelante hacia la inocuidad alimentaria, hacia valorizar al país e identificarnos en el mundo como un país que se preocupa de producir alimentos sanos, sanos para las personas que los consumen y sanos para sus trabajadores, que los cosechan y los producen”.

En cuanto a la resolución de prohibición de fabricación, importación, distribución, venta, tenencia y aplicación de 14 sustancias activas de plaguicidas, como por ejemplo Binapacrilo, Captafol, Clorobencilato y Dicloruro de etileno, entre varios otros; estas se encuentran listadas en los convenios de Rotterdam y Estocolmo como compuestos con efectos no deseables para la salud de las personas, animales y medio ambiente, y que si bien no tienen productos vigentes en nuestro país, tampoco podrán ser registrados ni utilizados en nuestro territorio.

Estos convenios internacionales, tanto Rotterdam como Estocolmo, a los que Chile está suscrito, buscan controlar y reducir los riesgos asociados a productos químicos peligrosos y contaminantes ambientales, incluidos algunos plaguicidas, a través de la regulación y la cooperación internacional.

Plaguicidas naturales

En tanto, la resolución de autorización de plaguicidas generados en base a extractos naturales busca establecer un marco normativo especial para los agroquímicos generados en base a sustancias obtenidas a partir de orígenes microbianos, vegetales, animales y minerales, que están presentes en la naturaleza, actúan en bajas dosis, tienen corta persistencia ambiental y su especificidad les da un efecto inocuo sobre las personas, animales y organismos en general, lo que los convierte en una potente herramienta para el manejo integrado de plagas, que es una estrategia fundamental para el desarrollo sustentable de la agricultura.

La Red Chilena de Bioinsumos a través de su representante, Romina Almasia, se mostró conforme con el anuncia indicando que “es parte de lo que necesitamos para una agricultura más sana y también acorde a las necesidades de la agricultura. Hoy en día se abren brechas importantes para incluir biológicos, hay que ir sacando productos que sean tóxicos y renovando por una nueva paleta de productos que sean mucho más amigables con el medio ambiente”.

En tanto, María Elena Rosas, Coordinadora Nacional Red Acción en Plaguicidas, señaló que “toda medida tendiente a la sustitución del grupo de plaguicidas altamente peligroso por bioinsumos y alternativas viables, que apoyen también la agroecología, es una contribución importante para la salud y el ambiente”.

Esta iniciativa se suma a una serie de normativas dictadas recientemente por el SAG, que buscan dar un giro en el tipo de plaguicidas utilizados en nuestra agricultura ofreciendo una paleta de productos más sustentables y de menor impacto en el medio ambiente. Es así como ya se encuentran vigentes las resoluciones de plaguicidas microbianos (2019), la de plaguicidas semioquímicos (2022), lo cual se suma ahora a la norma de extractos naturales, en un camino en que el Servicio seguirá buscando nuevas alternativas.

Así también, la creación de la Comisión Asesora Público – Privada del SAG en materias de autorización, evaluación y fiscalización de plaguicidas de uso agrícola, busca generar una instancia que recoja el planteamiento de distintas visiones, necesidades y proposiciones técnicas para lograr mejoras paulatinas a los procesos regulatorios, basando la toma de decisiones en metodologías científicas válidamente aceptadas para alcanzar el nivel adecuado de protección para las personas que aplican los plaguicidas, así como para los animales y el medio ambiente.

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